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La “cabeza política propia”
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La “cabeza política propia”
Аннотация
Название публикации (др.)
«Собственное политическое лидерство»
Код статьи
S0044748X0020407-6-1
DOI
10.31857/S0044748X0020407-6
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Тилеманн Эрнандес Луис  
Аффилиация: Университет Финис Терраэ
Адрес: Чили
Выпуск
Выпуск № 6
Страницы
26-41
Аннотация

A partir de los resultados de las elecciones presidenciales de 2021 en Chile, se observa una mayoría que se identifica con las categorías de pueblo o popular y cuya composición está dada por sectores medios y trabajadores. Se propone que esta mayoría, definida como alianza social popular, estaría en formación como una alianza social y sus componentes como clase, desde por lo menos 2006, con firmeza desde 2011 y sostenidamente hasta el presente. En esta alianza y bajo un programa progresista, predomina una hegemonía de clases medias a través de sus principales figuras, parlamentarios y dirigentes partidarios y en los contenidos culturales e ideológicos, que subordina a una fragmentada mayoría de clase trabajadora. Esta desigual politización de clases explica los contornos particulares de las bases sociales conformadas en una década de luchas sociales y electorales, así como del actual gobierno de Chile presidido por Gabriel Boric y la coalición Apruebo Dignidad.

Ключевые слова
Chile, Boric, clases, movimientos sociales, alianza social
Классификатор
Получено
23.03.2022
Дата публикации
09.06.2022
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Introducción
2 Este artículo comenta y analiza la historia reciente del proceso social y político del triunfo electoral de Boric, observando la alianza social que constituyó su base votante. Esta coalición de clases ha sido una que se fue formando desde vanguardias de movimientos sociales, y que a lo largo de una década de luchas sociales (2011—2021) devino en la principal fuerza política del país. La intensidad del conflicto social en este período fue componiendo una específica forma de las clases medias -— moderadas, progresistas, estatistas y ferozmente antioligárquicas — con una consciencia política muy desarrollada; y en alianzas con una mayoritaria pero fragmentada juventud de clase trabajadora, que se fue haciendo cada vez más afín al ideario de las clases medias.
3 En esta década de lucha, y de forma más patente luego del triunfo electoral de Gabriel Boric y la coalición electoral de izquierdas “Apruebo Dignidad”, el discurso de tonos populistas fue ocultando la diferencia de clases dentro de un bando que se unificaba en el “anti neoliberalismo” o en la crítica a “los 30 años” dominados por los partidos de la Transición (1990—2020), o simplemente en la oposición social a los distintos gobiernos. Incluso en la academia. La persistencia por denunciar una mayoría empobrecida en el país, junto con el fin del sueño de la movilidad social y “el país de clases medias” [1]; [2]; [3], escondía el hecho gravitante de que la clase media seguía existiendo, y que era el grupo social más activo y eficiente en la política [4]. A su vez, la constante apelación a la mayoría numérica de los trabajadores escondía su fragmentación política, y por ende, su escasa composición como clase obrera. Con interés en sumarse a la alianza social, solo pudieron hacerlo en un rol subordinado a la política, situación que a lo largo de la década solo se agudizó.
4 Así, ambos grupos se mantuvieron en alianza por oposición al neoliberalismo y a la precarización, tanto laboral como de la vida. A su vez, el empoderamiento de las clases propietarias, especialmente tras el arribo de Piñera a la presidencia en 2010, produjo un nivel de concentración de la riqueza y desigualdad tan alto, que acercaba las posiciones y realidades del conjunto del pueblo. De esta forma y en esos límites, es posible observar el desarrollo de la alianza social que permitió a la izquierda chilena, en solitario y sin el centro político democratacristiano, vencer en una elección presidencial por primera vez en 51 años.
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Una alianza social invisibilizada
6 Las emblemáticas movilizaciones estudiantiles de 2011, antes que en cualquiera de las grandes universidades santiaguinas como la Universidad de Chile o la Católica, copadas por la juventud de clases medias y, en menor medida, por las elites del país, comenzaron en una universidad nueva, la Central de Santiago. Esta institución, parte de las llamadas “privadas” surgidas luego que la Dictadura (1973—1990) modificó la legislación y permitió la existencia de universidades orientadas al lucro, estuvo sumida desde marzo de 2011 en un largo conflicto que incluyó la ocupación de edificios y campus completos, así como intensas jornadas de lucha callejera contra la policía. Esta universidad tenía en su mayoría estudiantes provenientes de las clases populares, y sus militantes y dirigentes (agrupados en la Federación de Estudiantes) respondían socialmente a ese carácter, como era el caso de Daniela López, estudiante de derecho y proveniente de las periferias de Santiago sur. Pero buena parte de su fuerza, además del activismo de sus miles de estudiantes, residía en las alianzas que tenían con las federaciones de las grandes universidades tradicionales, especialmente con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh, la más relevante del país), entonces dirigida por Camila Vallejo (militante comunista), y luego por Gabriel Boric, quien al igual que Daniela López militaban entonces en la organización política Izquierda Autónoma (IA). Dicha alianza les permitía entroncar la movilización local en lo que el movimiento nacional instalaba como una lucha general contra “las prácticas privatizadoras que lleva a cabo el gobierno y de las que ha sido víctima la educación en nuestro país” [5]. Y así fue como ese año, los estudiantes de la Universidad Central de Chile, vencieron. Los grupos y militantes siguieron trabajando en alianzas. Su principal dirigente, Daniela López, hoy es parte del Gobierno del presidente Gabriel Boric, en el que Camila Vallejo es ministra. De esta forma, las experiencias de alianza entre estudiantes de clases populares y aquellos de las clases medias, parece haberles demostrado el poder que se conseguía cuando conjuraban sus fuerzas y la facilidad con que se daba la unidad cuando se reconocían en enemigos similares y que se escudaban en el mismo orden injusto.
7 Ni las clases actúan en la política en solitario, ni lo hacen en el mismo grado de potencia política. En la política moderna, los movimientos sociales que inciden en política, lo han hecho casi siempre en alianzas de clase, nunca compactas ni menos libres de fricciones. Esto no obsta, sin embargo, que podamos observar la composición de dichas alianzas en la historia, y que nos sea posible identificar tanto sus puntos de sutura como sus líneas de frente ante sus enemigos. A decir de Ellen Meiksins-Wood, las clases son visibles cuando luchan como tales [6]; [7]. Del proceso histórico de conflicto, las clases se modifican tanto como modifican la estructura que las determina. Además, las alianzas y antagonismos en que las clases — y también subgrupos de clase — existen como tales, develan distintos niveles de composición de las mismas, o sea, una diversidad de identidades según la historicidad misma de esos grupos sociales*. De ahí que el mayor o menor grado de politización de las clases es un objeto de la misma lucha de clases, y su situación no depende de determinantes estructurales estáticos, sino de lo que los agentes de clase deciden hacer respecto de tales determinantes, los que así se vuelven dinámicos, o sea, históricos.
8 Es desde esta premisa que nos enfrentamos al análisis del proceso político vivido por la sociedad chilena en las últimas dos décadas. En ella, se distinguen un proceso de descomposición de las viejas clases funcionarias que admini-straron el Estado en las últimas décadas; una ofensiva de las clases propietarias, autónoma de los partidos de derecha, sobre el Estado; y, lo que más nos interesa tratar, una paulatina conformación a través de la experiencia de luchas sociales de una alianza entre distintos sectores juveniles de los grupos sociales más pobres y un similar grupo etario de las clases medias. El enemigo común que llevó a estos grupos a la “disposición a comportarse como clase” estuvo en que una serie de políticas neoliberales, emprendidas desde la década de 1980 y agudizadas durante la primera década del siglo XXI, fueron sostenidamente minando la capacidad de reproducción de las clases medias, especialmente los grupos profesionales y el funcionariado estatal o paraestatal, y así también desacreditaban la promesa de movilidad social para las clases populares [8].
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La alianza social fue desarrollando, a la par que una crítica a la agudización neoliberal de inicios del presente siglo, una afirmación de ciertos valores o principios que la mantenían unida. El foco original desde donde se probó con éxito y proyectó al país esta alianza social, fue el movimiento estudiantil, especialmente desde las masivas y extensas movilizaciones del año 2011. Como ha indicado Pablo Vommaro [9], los estudios sobre los movimientos estudiantiles en Chile del siglo XXI han consignado una fuerte dimensión ética en la crítica al neoliberalismo, lo que implicó tanto una construcción afirmativamente democrática y cooperativa en su constitución interna como una amplitud de relaciones políticas con otras luchas — sindicales, de género, de diversidad sexual, medioambientales, comunitarias, etc. — en su construcción externa. De esta forma, la alianza social también se edificaba por oposición a quienes se consideró eran los principales agentes del malestar, logrando hacer confluir a la amplitud de organizaciones y movimientos que se sentían interpretados por el carácter social y político del movimiento estudiantil, primero, y sus partidos y plataformas electorales, después. En la mira quedaban banqueros, empresarios, operadores políticos y concertacionistas que operaban para el empresariado. La crítica a estos grupos se desplegó y proyectó hasta el presente con el movimiento de 2011 que debió enfrentarse a una administración fuertemente empresarial en el Gobierno y que durante la misma década de ascenso de la alianza social popular protagonizó la política a través de los dos períodos presidenciales de Sebastián Piñera [10]. Así, el movimiento, aunque en un principio únicamente juvenil, fue ampliando el rango de sus armas, apuntando a la precarización continua de la vida, insistiendo en que su objetivo era “terminar con el endeudamiento de las familias” y reivindicando “un nuevo proyecto educacional y social”. Sus diferencias con el gobierno de Piñera y los partidos de la Transición se comprendían como un “reflejo de la manera de concebir la sociedad” [11].

* Sobre el concepto de Composición de Clase, ver: Wright S. Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism. London: Pluto, 2017.
10 Finalmente, no se puede menospreciar la vocación de poder en la construcción histórica de la base social de Apruebo Dignidad y el actual gobierno en la segunda década del presente siglo. La alianza, en su parte más politizada y militante, combinaba la lucha social por la reforma con la lucha política por el poder. Así por lo menos lo hacían Izquierda Autónoma, las Juventudes Comunistas, los de la Nueva Acción Universitaria, fuertes en la Pontificia Universidad Católica y los mismos que luego fundarían uno de los partidos más grandes del gobierno actual “Revolución Democrática” (RD). Buena parte de las razones que tuvieron los militantes para mantener unida la alianza social y no descuidar sus límites, estuvo en que en la medida que pasaban los años, la posibilidad de convertir la fuerza social en fuerza electoral se fue haciendo cada vez más cierta, especialmente tras las elecciones parlamentarias de 2013, cuando cuatro ex dirigentes estudiantiles de las luchas de 2011 (Boric, Vallejo, Giorgio Jackson de RD y Karol Cariola del Partido Comunista (PC), pasaron a ser diputados a través de nuevos partidos de izquierda o del entonces todavía marginado Partido Comunista. Uno de los principales líderes políticos del movimiento de 2011 y de la Izquierda Autónoma, Francisco Figueroa, en la presentación de su libro sobre el movimiento y hablándole a la clase política de las décadas de la Transición afirmó: “Si ustedes no nos representan no es porque no creamos en la política. Muy por el contrario. Es porque estamos forjando entre millones una cabeza política propia” [12].
11 Por estos caminos desde las franjas más politizadas del movimiento se fue referenciando un “nuevo pueblo” [13] como se le llamó tras 2019. El “pueblo”, como suele ocurrir, sirvió como una figura social y política en que los intereses y la histórica y superior capacidad política de las clases medias se fueron confundiendo entre las masas movilizadas, haciendo así irreconocible a su componente mayoritario, el sector más joven de las clases trabajadoras urbanas. Por esa vía se truncó cualquier capacidad de constitución de una subjetividad específica a estos sectores obreros, viéndose cada vez más bajo la tutela de las clases medias.
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Una alianza en el movimiento: una lenta marcha a través de la calle y las instituciones
13 Por supuesto, una desigual politización entre los distintos componentes de una alianza social es algo que se sostenía en conquistas y avances reales para la mayoría de sus integrantes. Desde el movimiento estudiantil de 2006, la alianza daba muestras de hacer fuertes a todos los actores. Así, y aunque, en su mayoría, las bases y dirigencias del movimiento secundario estaban copadas por estudiantes provenientes de familias trabajadoras, la FECh, un emblema de las clases medias, apoyó política y materialmente a los estudiantes ese año, honrando la alianza. A su vez, el grueso de las organizaciones de la izquierda radical universitaria volcó su acción hacia la rebelión en las escuelas secundarias, fortaleciendo la capacidad militante de la misma. El movimiento de 2006 fue uno de los primeros en que el movimiento estudiantil superó la parcialidad gremial y comenzó a tener un carácter juvenil y popular.
14 La respuesta de las elites ayudó a esa cohesión etaria y social. Más todavía, la respuesta de la Concertación al movimiento de 2006, coalición hasta entonces todavía identificada con la abigarrada argamasa llamada pueblo, fue dándole fuelle a las ideas de generar no solo reformas sociales sino un nuevo ciclo político. Si bien la presidenta socialista Michelle Bachelet había llegado bajo la promesa de un gobierno ciudadano, la represión desatada sobre los “pingüinos” — como se llama tradicionalmente a los secundarios, — con cientos de menores de edad detenidos por la policía tras cada manifestación en 2006, así como la forma en que procesó luego el final del conflicto, terminaron por minar los últimos sostenes de lealtad popular a los partidos de la Concertación [14]. Aunque Bachelet prometió reformas a los estudiantes y la formación de un consejo para las reformas, donde participaron personeros de la sociedad civil, del gobierno y del movimiento estudiantil, dicho espacio fue desbordado por operadores políticos que instalaron un acuerdo ajeno a las demandas de los estudiantes y que agudizó las premisas neoliberales que estos atacaban. Fue la escena de las “manos levantadas”, en que dicho gesto de todo el arco político de la Transición escenificó el acuerdo para la nueva Ley General de Educación de 2007—2008, que fue criticada por el movimiento en su conjunto y que en la historicidad de la nueva izquierda quedó como un punto de ruptura. Nicolás Grau, quien entonces era presidente de la FECh y hoy es ministro de Economía del gobierno de Boric, sostuvo años después al respecto que “nunca podré perdonar a Michelle Bachelet por la aprobación de la Ley General de Educación, y por la foto de los presidentes de la Concertación y la derecha con las manos levantadas celebrando el acuerdo” [15]. Para 2008, los estudiantes universitarios y secundarios, los primeros todavía golpeados por la derrota de 2005 cuando se aprobó el Crédito con Aval del Estado (CAE, un criticado crédito para costear los estudios universitarios, sostenido por las arcas fiscales y devenido en un jugoso negocio para la banca privada), y los segundos tras la descomposición del movimiento de 2006, se habían agrupado en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios (ACEUS), y algunos líderes del movimiento de 2006, explicaban las protestas de aquel año contra el gobierno de la siguiente forma: “En el 2006 […] Bachelet propuso un ‘consejo asesor presidencial para la educación’, con empresarios y la Iglesia Católica para que realicen una nueva ley educativa. Hoy la LGE [Ley General de Educación] está siendo enfrentada en las calles” [16].
15 Los dirigentes secundarios populares de esa época (hasta el 2011), salvo algunos del Partido Socialista (PS), no se tornaron políticos de relevancia sino hasta la fundación del Frente Amplio, aunque muchos de ellos protagonizaron la construcción de sus partidos. Lo que es de relevancia para los fines de este texto es la manera en que la conformación política de las vanguardias de la nueva izquierda chilena durante 2006—2021 reprodujo la asimetría de clases de la alianza social: los roles más importantes y poderosos de las organizaciones fueron copados o reservados, como se quiera, para los liderazgos de las clases profesionales, urbanas, principalmente de los barrios de clase media de Santiago y provenientes de las principales universidades del país; mientras los liderazgos provenientes de organizaciones más populares, de las periferias de Santiago, de universidades regionales o menos importantes, o de movimientos sindicales o territoriales accedían no más que a los cargos intermedios de construcción partidaria, así como en los puestos medios de las instituciones que se habían conquistado electoralmente. Esto es notorio en los dirigentes y grupos militantes de los secundarios del período 2006—2011, quienes en muy pocos casos han logrado incidir en la historia reciente de la izquierda actualmente en el gobierno; lo que constituye una diferencia con los dirigentes universitarios de la FECh y la Federación de Estudiantes de la PUC (FEUC) en dicha época (y también después), varios de los cuales destacan hoy en las primeras líneas de Apruebo Dignidad.
16 Si nos hemos detenido tanto en el movimiento estudiantil de 2019, es porque es el origen histórico y cultural de la alianza social que sostiene al actual gobierno de Apruebo Dignidad en Chile. Más aún, desde 2011 ha funcionado a modo de un pozo inagotable de militantes y activistas, una enorme masa de organizadores de la protesta, que ha ido activando distintas franjas de la sociedad y ampliando su base de apoyo. De esta forma, 2011 es el debut de la alianza social movilizada más masiva desde la Dictadura. Desde junio las convocatorias a marchas en Santiago no descendieron de las 100 mil personas, a veces hasta dos veces por semana, y convocando hasta un millón de personas en el parque O’Higgins el 21 de agosto, pasados ya cuatro meses de iniciadas las movilizaciones [17]. La frase del líder estudiantil Figueroa, de estar construyendo una cabeza política propia junto a millones de personas, no estaba tan alejada de la realidad.
17 Por otra parte, las demandas que abrió la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECh, asamblea de presidentes de federaciones de estudiantes universitarios de todo Chile) y los secundarios en 2011, marcaron el paso de las luchas sociales de toda la década: un estado de derechos sociales garantizados, mayores libertades y una naciente agenda feminista en y a través del movimiento. El método de financiarlas estaba claro en la izquierda chilena y en la alianza social popular desde hace décadas: la nacionalización de recursos naturales como el cobre y los aumentos de impuestos [18]. Bajo el lema “No al Lucro” — nacido en 2006, pero masificado en 2011— cabía una inmensidad de querellas con el orden político y económico de la Transición [19]. Era una especie de llave maestra que también apuntaba a la amplitud social de la alianza que estaba orientada a la ofensiva. Criticaba el abuso empresarial a las clases trabajadoras por la vía de la provisión privada y orientada al lucro de servicios sociales como salud, pensiones y educación; así como la desarticulación del principal resorte de reproducción material de las clases medias del Estado, a saber: las garantías sociales y así del trabajo profesional que las realiza en y a través de las instituciones públicas. Todo eso mantenía unida ideológica y programáticamente a la alianza social y proyectó su fuerza desde tales ideas hacia una diversidad de movimientos y sentó las bases de nuevas fuerzas políticas.
18 Y dicha línea de crítica y propuesta política fue siendo paulatinamente asumida por una creciente corriente de movimientos sociales y grupos militantes. Se abrió así, indiscutiblemente, la década con más agitación social desde la de 1980. El despliegue militante fue, se podría decir, socialmente horizontal y vertical. Se entregó tanto a la construcción de una mayor fuerza para la nueva izquierda universitaria, como a la organización de los movimientos de trabajadores. Desde 2012 se ensayaron varias formas de aproximación al movimiento sindical, algunas con bastante éxito. Entre otras, destacan el intento serio de producir una huelga nacional el 11 de julio de 2013, que movilizó importantes sectores conducidos por la FECh y sindicatos del cobre, la salud y otras áreas [20]. Probablemente, el vínculo que más perduró fue con las organizaciones de Estado, como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), así como el de algunos grupos de izquierda estudiantil con trabajadores portuarios, especialmente del sur del país.
19 El período de 2011 a 2013 estuvo marcado por la sostenida ofensiva de la alianza social popular, especialmente desde el movimiento estudiantil, contra el gobierno de Piñera. Por su parte, la ex presidenta Michelle Bachelet se preparaba como candidata a la presidencia con las más seguras probabilidades de vencer a cualquier oponente, y demostrando el fracaso político del piñerismo por hacer permanente una nueva mayoría nacional escorada a la derecha. Las elecciones de 2013, con el triunfo de Bachelet, no significaron ninguna sorpresa. Pero a través de la ya mencionada elección de 4 diputadas y diputados provenientes del movimiento estudiantil, así como la conformación de nuevas organizaciones de izquierda, que obtenían conquistas electorales, se estableció una ruptura generacional y política que no volvería a cerrarse. En noviembre de 2013, la primera línea del actual gobierno de Chile, y referenciados en ellos una alianza de jóvenes de clases medias y de clases populares, obtuvo su primer triunfo electoral.
20 El segundo gobierno de Bachelet (2014—2018) representó a la vieja y a la nueva alianza social popular, en la medida que su bloque, la Nueva Mayoría, embarcó a grupos políticos de ambos sectores. Pero, crecientemente dominado por su ala más conservadora, destruyó cualquier posibilidad de dirigir las crecientemente belicosas posiciones de la juventud popular, al truncar la mayoría de las reformas y comprometer a su dirección con el empresariado a la vieja usanza concertacionista. Pero, mientras desarmó lo que quedaba de la credibi-lidad de su generación y partidos ante las clases que otrora representaba sin contrapesos, el gobierno de Bachelet permitió a importantes franjas de militantes jóvenes de RD y del PC formarse en el gobierno. No fue un tiempo perdido para estos grupos, aunque fueron fuertemente criticados por la izquierda universitaria que no entró al gobierno (entre ellos, Gabriel Boric, entonces diputado de la Izquierda Autónoma). Más bien fue una primera experiencia política que implicó especialmente a cuadros militantes provenientes de las clases medias [21]. Ya fuese dentro o fuera del gobierno de Bachelet, la alianza social, movilizada principalmente desde el movimiento estudiantil y con una importante dirección de capas medias profesionales, fue capaz de llevar a la política sus planteamientos en 2013.
21 Los profesores son, tal vez, el gremio profesional en que la alianza social de 2011 encuentra más firmes bases. El gremio docente llevaba años de una fuerte burocratización, eso tras una importante actividad huelguística bajo conducción comunista en los noventa. En el siglo XXI había perdido capacidad de movilización y sus bases estaban principalmente entre los jubilados. En los paros docentes de 2014 y 2015, en cambio, emergió una nueva pléyade de dirigentes y activistas, en buena mayoría militantes de organizaciones de izquierda y casi todos con un pasado activo en el movimiento estudiantil. Esto fue especialmente notorio en lugares como Santiago y el Gran Concepción, en donde años más tarde los líderes jóvenes de aquellas luchas se hicieron dirigentes regionales, comunales o nacionales del Colegio de Profesores, la principal organización gremial docente del país. La precaria situación docente, presentaba el ejemplo concreto de la descomposición de las viejas seguridades de las capas medias en una de sus profesiones más características [22]. Por otra parte, su rol funda-mental en la formación y sostenimiento de la alianza social contrasta con la poca incidencia gremial en las definiciones de las prioridades políticas de los partidos y parlamentarios de la nueva izquierda chilena (en comparación, por ejemplo, con los gremios de médicos o abogados), develando el carácter desigual de la coalición también entre profesionales [23]; [24].
22 Distinta es la situación del feminismo, movimiento que también expresó la alianza entre las franjas jóvenes de las clases medias y los grupos trabajadores. Tomando como hito de origen la toma de la Catedral de Santiago en 2013 y el estallido de masas en mayo de 2018, las feministas marcaron el ritmo de los partidos de ahí en mas. Significaron uno de los principales afluentes de masas de la alianza social que sostiene actualmente al gobierno. En su propio proceso todavía en marcha, el movimiento ha convocado a la política a una enorme mayoría de mujeres populares, bajo banderas parciales permanentemente excluidas de la política (como el aborto y los abusos sexuales). El feminismo logró poner en diálogo desde y dentro de la diferencia de género toda una serie de malestares críticos, como la precariedad de los trabajos feminizados, la negación del valor en la producción de afectos y la reproducción material de la vida, la masificación de la deuda como la imposibilidad de completar el salario necesario para la vida, la vulnerabilidad de la infancia y otros sujetos debilitados estructuralmente, etc. Pero también, con una dirección marcadamente de clase media, ocultaba su diferencia de clases, o bien disciplinó a sus voces más críticas al respecto. Como se dijo entonces: “...más que un producto de la modernización de mercado acontecida los últimos veinte años en ese país, el movimiento feminista chileno se plantea a si mismo como una instancia de reclamo y reconstrucción de los derechos sociales perdidos, así como de refundación de las relaciones entre hombres y mujeres dentro de la izquierda chilena a fin de converger en una acción transformadora conjunta” [25]*.
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Un tercer gran movimiento que en aquellos años levantó una impugnación de masas al orden neoliberal, y de cuyos activistas una buena parte venía de las militancias universitarias, fue No+AFP, una campaña en pos de terminar con el sistema privado de pensiones creado en la Dictadura (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP). Es un colectivo impulsado desde ciertos activistas sindicales, originalmente del sector de trabajadores bancarios de donde es su referente más conocido, Luis Mesina, y de otros sindicatos de servicios públicos (por tanto, dichos activistas no comparten generacionalmente con los grupos de 2011). Es en ese universo donde más fuerzas de activistas y aliados organizados consiguió el movimiento de trabajadores. Este movimiento llegó a movilizar millones de personas en algunas jornadas desde 2014 en adelante. Plebiscitó sus demandas y propuestas convocando a más de un millón de personas a sus movilizaciones en 2016 y a un plebiscito autónomo en 2017, cuando alcanzó su cenit [26]. No+AFP ha funcionado de la misma forma que el lema “No al Lucro”, al permitir unificar en torno a la desposeción de los ahorros de trabajadores que terminaba dañando a los más viejos, un inmenso malestar de trabajadores de otras generaciones. No+AFP ha carecido hasta ahora de una estrategia de llegada política, pero en la década de la que hacemos notas para su balance logró producir una referencia de síntesis del malestar social. Su expansión masiva como expresión de crítica, pero también su imposibilidad de convertirse en un movimiento de trabajadores cohesionado y organizado a nivel de masas y con capacidad de subordinar a los partidos de izquierda, dan cuenta de las formas en que la alianza social movilizada en la década pasada llegó al ciclo electoral híper intenso de 2017 a 2021 y también a la revuelta de octubre de 2019.

* Sobre el «mayo feminista» de 2018, ver también: Hiner H., López Dietz A. ¡Nunca más solas! Acoso sexual, tsunami feminista, y nuevas coaliciones dentro y fuera de las universidades chilenas. Polis, 2021, N 59, pp. 122-146.
24 La diferencia de clases al interior de la alianza también estribó en los disímiles grados de politización. Los componentes de las clases medias estaban en las franjas de estudiantes de las grandes ciudades y en las universidades de mayor prestigio del país, así como en la práctica profesional de la abogacía, la política, el funcionariado estatal, la salud pública, la educación, etc. Su hábitus estaba atravesado de lado a lado por la práctica de la política. Esa experiencia de clase en la política, era sin duda mayor que la de los distintos grupos sociales populares, cuya cotidianidad estaba permanentemente expulsada de la política. A ella, a los salones y momentos del poder, solo podían ingresar como votantes, nunca como dirigentes u organizadores. De esta forma, la clase media tendió a imponer sus objetivos parciales en forma de objetivos “del pueblo” o “de toda la sociedad” al resto de la alianza social, mientras sus vanguardias, más rápidas en organizarse y disponerse a la política institucional, apuntaron a convertir la fuerza social movilizada en fuerza electoral con las organizaciones de las capas medias a la cabeza. Desde la fundación de Revolución Democrática por parte de una red de activistas cuyo corazón estaba en las franjas de dirigentes progresistas de las FEUC, varios hitos fueron dando cuenta de este desigual proceso de politización. En 2013 realizan su primera incursión electoral apoyando una candidatura municipal en Santiago, en el burgués barrio de Providencia (para no dejar dudas sobre su carácter social), saliendo exitosos e ingresando a la administración consistorial. Un año más tarde, Giorgio Jackson saldría electo diputado por la comuna de Santiago, inaugurando la bancada estudiantil junto a Gabriel Boric, también electo por Magallanes, y a Camila Vallejo y Karol Cariola del PC. Todos venían de las universidades más prestigiosas del país, mientras que ni las candidaturas ni movimientos que presentaron listas y se basaban en organizaciones más populares o ligadas a universidades regionales o al movimiento secundario, tuvieron éxito en el proceso. Aquello se debió a la apuesta de la izquierda más radical que buscó apoyo popular sin muchas conexiones con los barrios de clases trabajadoras. Pero en especial, a la deficiente constitución política de la subjetividad del sector más pobre de los movimientos sociales respecto de las franjas de capas medias. Bolsones fragmentados de activistas y militantes de la clase trabajadora, carentes de partidos propios fuertes y, por ende, carentes de autonomía política, descentrados respecto de su especificidad de clase, se encontraban ante la imposibilidad de constituir una cabeza política propia. Se encontraron, a mediados de la década pasada, sometidos al dilema de subordinarse a los mejor constituidos liderazgos de las clases medias o bien abandonar cualquier idea de participar en la política.
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Las elecciones de 2017, en que fue derrotado el oficialismo bacheletista y retornó Piñera al gobierno, fue una elección histórica por un masivo abstencionismo que superó la mitad del electorado, pero sobre todo porque marcó el fin de la Cocertación*. Significó agudizar las tendencias de clase al interior de la nueva izquierda, ya definidas en 2013. Si aquel año hubo una situación de diferentes estrategias (entre apoyar o no a Bachelet) que respondían a diferentes composiciones de clase y a diferentes modos de ver dicho proceso (si correspondía o no participar de un gobierno cuando las fuerzas propias no estaban todavía tan politizadas), en 2017 los problemas habían madurado. Para aquellos años las vanguardias de las clases medias ya mostraban una elevada capacidad política (probada en algunos éxitos como el triunfo municipal del Frente Amplio en la tercera ciudad más grande del país, Valparaíso), con partidos que tenían 5 años y las bases del partido del presidente, Convergencia Social, ya bastante afiatado en el interior del Frente Amplio. Su cosecha fue relativa a ese éxito organizativo, aumentando el Frente Amplio de 3 a 20 dipu-tados, en su mayoría en sectores urbanos y de clases medias. Por contraste, se notaba la descomposición de los grupos más ligados a las clases trabajadoras. Dentro del Frente Amplio los grupos ligados a No+AFP, o bien a una izquierda que abogaba más por la reforma social profunda y reacia a formar parte de los gobiernos de la Concertación, fueron desplazados de los primeros puestos de las listas electorales o, en algunos casos, marginados de los partidos. El año 2017 puso a descubierto tanto lo poderosa que se había vuelto la nueva izquierda mesocrática como lo agitado que estaba el malestar popular cuando un quinto del electorado estuvo dispuesto a votar por la izquierda. Pero también demostró la desafección política de clases trabajadoras, su rabia en aumento y lo notoria que se hacia la diferencia, ya abismal, con las clases medias. Los resultados electorales de 2017, para buena parte de las franjas movilizadas desde 2011, no significaron un reencauce institucional de su malestar, y la nueva izquierda solo en parte los representaba**.

* Para los resultados de las elecciones de 2017, ver: «Sitio Historico Resultados Electorales - Servel». Available at: https://historico.servel.cl/servel/app/index.php?r=EleccionesGeneri-co/Default/MesasElectores&id=187&Ext=1. ** Estas ideas ya fueron expuestas más extendidamente en: Thielemann L. Nada volverá a ser como antes. Notas sobre la izquierda radical y el cambio del ciclo político en Chile. 1.03.2018. Available at: https://www.revistaposiciones.cl/2018/03/01/nada-volvera-a-ser-como-antes/
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La revuelta de 2019 y el proceso electoral 2020—2021: contradicciones y diferencias en la alianza
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Las masivas votaciones obtenidas en sectores urbanos populares, como en las zonas pobres de Santiago o ciudades portuarias como San Antonio y Valparaíso, junto a las que se obtuvieron en los barrios de clases medias de esos lugares, dieron la apariencia entonces de que la alianza social popular con las franjas profesionales al frente había construido cabeza política propia [27]. Pero esta imagen escondía dos problemas que saltarían a la vista dos años más tarde. Primero, que mientras más se masificaba la impugnación al neoliberalismo hacia lo largo y ancho del país, menos la nueva izquierda tenía control del proceso. En segundo lugar, dichos partidos manifestaban cada vez más interés por la lucha parlamentaria y menos por la lucha social, a la que veían a veces como su resorte pasado y no como fundamento presente.
28 La distancia que se indica no era únicamente un debate teórico sobre el lugar de las luchas sociales en la práctica política formal de las izquierdas. Como suele suceder en estos casos, más allá de las ideas hay énfasis materiales. El salto a la política formal dado por las organizaciones de la alianza social de 2011 significó una movilización enorme de recursos para las demandantes campañas electorales. Un enorme caudal de militantes que contaban con alrededor de una década de experiencia en luchas sociales y politización de las mismas, debió asumir tareas electorales, de manutención burocrática de las organizaciones, de relaciones políticas con otros partidos y, después, de administración de las bancadas, municipios y diputaciones obtenidas en el bienio 2016—2017. De esta forma, los movimientos sociales se fueron quedando vacíos de los especialistas que habían dinamizado su acción política de masas impugnatoria del neolibe-ralismo, justo cuando dicha línea de ataque comenzaba a mostrar su capacidad desestabilizadora de masas. Del descubrimiento de la política en la lucha social se había pasado al extremo opuesto, es decir, al abandono de la lucha social por el descubrimiento de la inmensa demanda de la política formal.
29 Los elevados salarios en el parlamento, así como los enormes recursos que los partidos de la nueva izquierda gozan desde 2017, contrastaban con el empeoramiento de las condiciones de vida de las bases militantes y activistas de la nueva izquierda radical. La dispar suerte al egresar de la educación superior o secundaria de la generación de 2011 agudizaba el contraste en los círculos más activistas de los partidos, tanto en la selección de cuadros como en su notoriedad política. La distancia comenzó a ser también entre quienes eran víctimas de la promesa incumplida de la movilidad social, y quienes no necesitaban dicha movilidad salvo en su negativo, como frustración, para así traducirla en votos. Con o sin la nueva izquierda, la política seguía siendo ajena a las mayorías de clase trabajadora. La parte más politizada de la nueva izquierda no notó — y muchos aún no lo hacen — que el ciclo de protestas iniciado en 2011 y fuertemente activo en la revuelta de 2019, tenía esa actitud propiamente proletaria de desconfianza hacia la política. Aquella pendía como una amenaza de destitución incluso sobre las cabezas de la izquierda, si es que no decidían ser su punta política, leal, parcializada a su favor. La revuelta de octubre de 2019 no resolvió dicho problema, sino que solo lo pospuso debido a la centralidad que tomó el odio al gobierno de Piñera.
30 Poco tiempo antes del estallido social de 2019, el movimiento de profesores fue dramáticamente derrotado por el Gobierno. La nueva izquierda en el parlamento apoyó a uno de los movimientos de trabajadores emblemáticos de la alianza social de 2011, pero no tomó su lucha como un asunto de vida o muerte. La derrota del paro docente fue uno de muchos desprecios desde la política, a pesar de los “nuevos políticos” que la llenaban. En los últimos días del paro, cuando la derrota ya era un hecho, en distintos puntos del país los profesores levantaron barricadas y se enfrentaron a la policía. Esos rasgos proletarios no eran propios de su tradición ni de su status profesional, pero, como se vio a los pocos meses, si lo eran de un amplio sector de las clases trabajadoras asqueadas del modelo [28]. La humillación de los profesores, la criminalización insoportable de la juventud popular, el violento rechazo al feminismo y otros manotazos autoritarios desde el Estado fueron arrinconando a las franjas organizadas de la alianza social de 2011.
31 De ahí en más, la revuelta y la violencia. Si en las primeras semanas de la revuelta iniciada el 18 de octubre de 2019 parecía haber una fuerte unidad entre las clases medias y trabajadoras, la salida política marcada por el acuerdo entre partidos políticos del 15 de noviembre, en que se selló el itinerario del proceso constituyente en marcha actualmente, evidenció las diferentes composiciones y politizaciones de clase que convivían en la rebelión. La mayor afinidad y capacidad política de los cuadros de clases medias produjo una salida en las lógicas del Estado, de refundación constitucional, lo que se distanciaba de las demandas de las mayorías que se enfocaban en reivindicaciones sociales urgentes, como pensiones, salud, educación y endeudamiento y se mostraban indiferentes ante cuestiones institucionales o incluso las rechazaban activamente. Esta diferencia de prioridades estaba incluso en la participación en las protestas. Si en 2011 el lugar de los principales cuadros de la alianza social de jóvenes de sectores medios y de clases trabajadoras estaba en las primeras líneas de las marchas en las calles, esta vez se mantuvieron alejadas de esos espacios y dedicadas a la política propiamente tal. Es interesante el dato notado por el historiador Nicolás Acevedo de que la de 2019 sería la primera revuelta de la historia de Chile que termina sin ningún dirigente importante de la izquierda detenido o herido. Su ausencia “a la antigua”, impidiendo las balas de Carabineros, se hizo dramáticamente notoria a la larga [29].
32 Luego del acuerdo y también de la llegada del Covid a Chile en marzo de 2020, el proceso se tornó casi completamente político. La calle se vació, las concentraciones de masas se hicieron imposibles a riesgo de su propia muerte. El sector más mesocrático de la alianza social popular se hizo fuerte en el control del proceso político y por la vía de sus partidos políticos, especialmente el Frente Amplio, impuso sus lógicas y reglas. Se imponía así su centralidad: la necesidad de reformar para sí el principal resorte de las clases medias latinoamericanas, es decir, el Estado y las instituciones de “lo público”. En el plebiscito de octubre de 2020, postergado desde abril por la pandemia, la opción “Apruebo” al cambio de la Constitución venció con una mayoría abrumadora (el 78% de los votos). En mayo de 2021 se realizaron las elecciones de Convencionales para el proceso constituyente (“Convención Constitucional”), en las que los partidos tradicionales se vieron superados por organizaciones de base y candidatos independientes (destacando “La lista del Pueblo” como principal movimiento). Es de resaltar que más allá de los grupos, marcas y partidos que conquistaron los cupos, el carácter social de los con-vencionales electos era marcadamente mesocrático. Como se han encargado de difundir sus defensores en el presente, la abrumadora mayoría es profesional y con postgrados, mientras su primera presidenta, Elisa Loncón, afirmó siempre que era mapuche y también doctora en la prestigiosa Universidad de Leiden, Países Bajos [30]; [31].
33 Esta tendencia se mantuvo en el proceso electoral de 2021. En las elecciones municipales de mayo de 2021, hechas en conjunto con las elecciones de convencionales, el Frente Amplio y el PC se hicieron con decenas de municipios, principalmente en las grandes ciudades, comunas de sectores medios y también en sectores trabajadores. Así y todo, los triunfos más bullados fueron en comunas emblemáticas de la nueva clase media, como Santiago, Maipú o Ñuñoa, en la ciudad de Santiago y en centros urbanos más acomodados como Viña del Mar y Valdivia en el sur del país. Más todavía, las figuras que se convertían en alcaldes tenían un carácter social bastante homogéneo a pesar de las diferencias políticas que entonces todavía atravesaban al PC y al Frente Amplio. Así, las nuevas alcaldesas comunistas que vencieron en Santiago, mostraban a un PC joven y profesional, con cuadros formados en las universi-dades de elite del país; similares a sus pares del Frente Amplio y también a los líderes de la Convención Constitucional.
34 Finalmente, en el último apronte electoral antes de los comicios presidenciales, las primarias de la izquierda del 18 de julio de 2021, fue cuando se terminó de definir la supremacía mesocrática en la alianza social. Las alternativas de Daniel Jadue y Gabriel Boric no expresan automáticamente, como deseaban algunos en el bando comunista, el enfrentamiento entre un sector más popular y otro más mesocrático de la nueva izquierda. Fue más complejo que eso. Mientras Gabriel Boric realmente era el candidato de las vanguardias de clases medias, la candidatura de Jadue no expresaba algo socialmente muy distinto. Lo que sí, su intención era representar a los grupos sociales trabajadores que se habían movilizado masivamente en 2019 y que así podrían expresar su especificidad de clase. Eso no ocurrió. Boric se impuso no solo en los barrios de clase media de las grandes ciudades, sino también en los nuevos barrios de clase trabajadora (como Puente Alto o Maipú en Santiago, con más de un millón de habitantes en conjunto). Jadue únicamente venció en los antiguos barrios obreros de las grandes ciudades. Así, la campaña comunista había buscado representar a una vieja clase trabajadora que supuso radicalizada en clave izquierdista, sin poner atención a que las masas de las nuevas clases trabajadoras al parecer preferían un liderazgo de clases medias, profesional, moderado y joven.
35 Es en esa capacidad creciente de las nuevas clases medias, en sus sectores más jóvenes y progresistas, para dirigir amplias masas en procesos electorales, que debe ponerse atención cuando se hace la pregunta por la base social del triunfo electoral de Gabriel Boric. Su abrumador triunfo en segunda vuelta (obteniendo casi tres cuartas partes del voto de las grandes ciudades) es una novedad histórica, una disposición política que habita tanto un sector del PC como casi todo el Frente Amplio, y que ha sido capaz de desplazar a la vieja izquierda que le habló al viejo pueblo y quedó reducida a una minoría derrotada y obsoleta, así como de derrotar a la vieja Concertación, resistente en una decreciente minoría de las viejas clases medias. Era el triunfo definitivo de los grupos sociales profesionales y funcionarios, ya no solo dentro de la alianza social popular, sino que sobre el resto de las clases sociales de Chile, especialmente sobre las viejas clases medias y sobre el sector más oligárquico de Chile. Es temprano para indicar si esa base social se mantendrá con el tiempo o si se desintegrará con sus contradicciones puestas en tensión en el nuevo gobierno. Por otra parte, la derecha y las clases propietarias saldrán del estado de derrota en que se encuentran y es probable también que continúe la politización de las clases populares en un código bastante belicoso. Está por verse si a todo eso vendrá una respuesta de populismo autoritario, progresismo contenido o un reformismo profundo. Lo que sí, es que la alianza social popular está de vuelta y, como de costumbre, es el grupo social protagónico de la política.

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